Difusión de la propiedad.
Las “encuestas de hogares” son el medio más utilizado para determinar el grado de desigualdad económica entre los habitantes de un país. Por norma general, estas encuestas afirman que la principal causa de desigualdad se debe al nivel educativo. Sin embargo, la principal causa de la desigual distribución de los ingresos no es la educación, sino la desigual distribución de los “medios de producción”, es decir de los bienes de capital.
En esto tenía razón Karl Marx. El origen del error consiste en que a los encuestados les es muy difícil decir la verdad sobre los ingresos que reciben y esto es mucho más acentuado entre los ricos. En verdad, es mucho más fácil que informen del número de sus relaciones sexuales que de los ingresos que perciben.
¿Cómo demostrar la gravedad de la desigual distribución del capital?
Para calcular el valor de la producción nacional hay un método llamado “al costo de factores” que consiste en sumar la remuneración total de los trabajadores del país y la que reciben los propietarios del capital sea por ganancias, intereses, alquileres u otros conceptos (técnicamente se llama excedentes de explotación).
En Venezuela el Banco Central informó que entre los años 50 y 70 del pasado siglo, la distribución del ingreso entre los asalariados y los capitalistas estaba aproximadamente en 50% para cada uno de los dos sectores. Pero con el correr de los años la relación se ha venido deteriorando en favor de los capitalistas. Ya para el 2004, los trabajadores solamente recibían el 35,2% mientras que los propietarios del capital recibían la “gran tajada” de 64,8% de los ingresos que se causaron en el país. Esa situación ayuda a explicar la profundización de nuestra desintegración social y, en consecuencia, la fuerte tendencia al descontento y confrontación social, la cual se manifiesta con mayor fuerza en los momentos de devaluaciones, recesiones o crisis económicas. Este es pues, junto al desigual nivel educativo, la explicación más profunda de nuestra desestabilización política y económica.
Para acortar esas desigualdades no sólo es necesario elevar el nivel educativo, que incrementa los ingresos y facilita el ahorro y la inversión en bienes de capital, sino que se requieren sobre todo medidas apropiadas para facilitar más el ahorro y el acceso al capital. Por lo tanto no se trata de resolver el problema mediante la desaparición o destrucción de la propiedad privada, como esperaba Marx que ocurriera, sino mediante la difusión del acceso a la propiedad hacia todos los habitantes del país.
Lo primero que se necesita para invertir en negocios, propiedades, acciones y otros valores es ahorrar y los que son pobres no pueden hacerlo.
Aun los que podrían ahorrar mensualmente, no suelen estar dispuestos a hacerlo. Por ejemplo si alguien puede ahorrar el equivalente a $80 dólares americanos, en el primer año ahorraría $960 y si suponemos que la ganancia o los intereses a obtener son del 12% real, el total sería un poco más de $115. Si ésta es la situación, la mayoría de la gente podría considerar más útil comprar hoy una lavadora automática en vez de diferir su uso para el futuro.
Sin embargo, si se decidiera ahorrar, en pocos años los ahorros “capitalizados” con las ganancias, producirían unos beneficios similares a la cantidad que se ahorra y en los años siguientes ese monto se incrementaría enormemente. Esta suele ser la explicación de cómo frecuentemente los ricos se han hecho multimillonarios. Prueba de lo que aquí plantemos es que el Estado moderno nos “obliga” a ahorrar para prever por nuestra salud y vejez.
¿Por qué es importante el ahorro?
El ahorro es lo que hace posible que se pueda invertir en crear nuevas empresas o ampliar las que existen y las inversiones son absolutamente necesarias para abrir fuentes de empleo. Sin ellas no hay trabajo. Por tal razón la solución que dieron en Chile al problema de las pensiones de retiro permitió ahorrar grandes cantidades de dinero. Al cabo de 24 años de “obligar” a los trabajadores a ahorrar parte de su salario y a los patronos a contribuir con ellos, se hizo posible que, siendo Chile un país pequeño, los trabajadores chilenos acumularon 63.000 millones de dólares, habida cuenta de los rendimientos producidos.
Es fácil percatarse de la contribución de los trabajadores a la creación de empleo del país y, en consecuencia, a su estabilidad. Además, resuelven con sus ahorros el problema crónico de la escasez de financiamiento a largo plazo, el cual es indispensable para acelerar el crecimiento empresarial.
Pero, sobre todo, al hacerse por este medio, los trabajadores con una buena parte del capital invertido en el país, y aún fuera del país, acceden a rentas que van reduciendo significativamente la desigualdad social, lo cual contribuye a ese gran objetivo de formar una nueva y vigorosa clase media y, por tanto, a la estabilidad política y la paz social. Y, al mismo tiempo, se amplía el volumen de inversiones que incrementa el desempleo.
¿Cómo hacer para que los que puedan ahorrar lo hagan?
La fórmula ideal es el ahorro voluntario y si bien el Estado puede contribuir a concienciar a la población promoviendo, por todos los medios sus ventajas, puede no ser suficiente. Por eso proponemos que, a partir de cierto nivel de ingresos, parte de los aumentos que reciben estas personas en el futuro deberán destinarlos al ahorro en una cuenta complementaria a la de los fondos de capitalización en la institución financiera especializada de su preferencia.
Creemos que una ley que aplique una medida como ésta no debe tener mucha dificultad en ser aprobada pues, así como se subestiman las necesidades futuras, también se deben subestimar los ingresos futuros. Ambos son pájaros volando.
Los que ahorran podrían disponer de esas rentas a partir de determinado número de años y posteriormente del capital total. El objetivo no es el de ahorrar hasta el día de la muerte.Por otra parte, existe la posibilidad de que el Estado traspase la propiedad de las acciones de sus empresas a los ciudadanos y se sumen a la cuenta de inversión de cada venezolano. El objetivo no es que se enriquezca el Estado, sino los ciudadanos.
También las acciones de las petroleras podrían añadirse una vez que la renta petrolera financie los programas de superación de la pobreza.
En todo caso, cuando se repartan las acciones petroleras se destruyen con la muerte de quienes las posean y se crearán nuevas para asignárselas a los que nacen.
